Las licencias legal y legítimamente expedidas para avanzar proyectos en la franja de adecuación y en zonas de recuperación ambiental estaban en el limbo. Eran los decretos 455 y 100 de 2015 los responsables de este bloqueo como puede verse siguiendo sus respectivos enlaces. Sin embargo, a partir del fallo del Consejo de Estado y con el trabajo del Comité de Verificación creado para garantizar su cumplimiento, en 2017 se llega a la conclusión de que no es necesario contar con mecanismos adicionales que certifiquen el estado de las licencias obtenidas por los titulares, como lo pretendían aquellos decretos. La razón de ello es que ni la administración ni los particulares que ejercen funciones públicas (como los curadores urbanos)  pueden exigir autorizaciones, requisitos, permisos, certificaciones, conceptos o constancias que no estén previstos taxativamente en la ley, ni tampoco pueden crear o establecer trámites, requisitos o permisos para el ejercicio, ni exigir la presentación de documentos.

Descargue el Decreto 133 de 2017, el cual deroga los decretos 455 y 100 de 2015.

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