El Ministerio de Ambiente emitió este concepto para explicar el alcance de la Resolución 463 de 2005 y para aclarar que su origen era una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Concretamente, la orden era registrar la reserva de la Resolución 76 de 1977 en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios afectados por la reserva, algo que para esta fecha llevaba 28 años pendiente y enredando la situación jurídica de la montaña. Sin embargo, al mismo tiempo, en su concepto, el Ministerio aclaraba que esta decisión no revocaba ni modificaba las licencias de construcción y de urbanismo que habían sido otorgadas conforme a las normas vigentes.

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