En el 2005, la ciudadana Sonia Andrea Ramírez Lamy interpuso una acción popular para exigirle a la Nación que protegiera los Cerros de los asentamientos ilegales, la minería ilícita y de la explotación de la fauna y la flora dentro de la reserva declarada en 1977. También le exigía la recuperación de los recursos naturales deteriorados por estas actividades. La consecuencia de esto fueron la suspensión de la Resolución 463 de 2005, la expedición de la Resolución 1582 del mismo año y su posterior suspensión por parte del Tribunal de Cundinamarca; luego, en el 2006, salió el fallo en primera instancia, posteriormente, en 2013, el fallo del Consejo de Estado y, finalmente, la aclaración del fallo, en 2014. Toda esta historia legal logró frenar las construcciones legales, desarrolladas bajo el Acuerdo 6. Pero no frenó la actividad ilegal que azotaba y sigue azotando los Cerros.

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